Amnistía Internacional denuncia la nueva política de interior británica

28 de agosto de 2005

En un comunicado de prensa, la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha denunciado el grave atentado contra los derechos humanos que constituyen, desde su punto de vista, las nuevas medidas de seguridad tras los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, anunciadas el día 24 de agosto por el ministro del Interior británico, Charles Clarke.

Se pondrán en marcha mecanismos para la expulsión del Reino Unido de los ciudadanos no británicos sospechosos de "justificar o ensalzar el terrorismo, tratar de provocar actos terroristas, fomentar otras actividades delictivas graves y promover el odio que podría desembocar en violencia entre comunidades".

Asimismo, se preparará una base de datos global, con el objetivo de impedir la entrada en el país a ciudadanos extranjeros que participen en diferentes formas de "conducta inaceptable". Se pretende evitar la presencia en el país de personas que supongan una amenaza para el orden público, la seguridad nacional y el Estado de derecho. La excesiva corrección política y antirracismo británicos, y su tolerancia hacia la diversidad étnica y cultural han sido señalados en determinados ámbitos como causa de una vulnerabilidad especial al terrorismo.

Según la ONG, la definición de "conducta inaceptable" e incluso de "terrorismo" es demasiado vaga, y puede tener como consecuencia una mayor fragilidad de los derechos humanos de los más débiles. Especialmente, la organización muestra su preocupación por la posibilidad de que los sospechosos sean expulsados a países donde corren riesgo de sufrir torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Amnistía Internacional nació precisamente en Reino Unido en 1961, de manos del abogado británico Peter Benenson, que comenzó una campaña de cartas de denuncia por la prisión de conciencia de dos estudiantes portugueses.

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