Costa Rica azotada por protestas populares y conflictos laborales

Costa Rica vivió este martes una intensa jornada de protestas populares y conflictos laborales, generando un caos vial en distintos lugares, así como la paralización de los servicios públicos. Personal de la salud, bananeros, taxistas, ambientalistas, transportistas, empleados públicos, y otros sectores populares se lanzaron a las calles para solicitar medidas al Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda.

23 de noviembre de 2011

Las manifestaciones iniciaron cerca de las siete de la mañana, por parte de los taxistas. Ellos solicitan que el Gobierno saque de las calles a los "porteadores" (taxistas piratas) pues alegan que les han quitado la clientela y que no hay espacio para tantos taxistas.

Motorizados tomaron las calles de la capital y otras a la redonda para protestar por un aumento en el permiso de circulación (conocido popularmente como marchamo), el cual debe pagarse antes de finalizar este 2011.

Las autoridades de la entidad de seguros responsable de cobrar el marchamo, declararon que el aumento se debe al alto índice de accidentes en los que se ven involucrados este tipo de vehículos, y el mecanismos de heridas que sufren los ocupantes en un incidente.

“	Recuerden que les prometieron que sus motos iban a cambiarse por autos BMW si votaban por el TLC (en octubre del 2007) pero, en cambio, ahora les aumentan brutalmente el costo del marchamo y ya no podrán andar ni en sus motos. A este aumento del marchamo se une el cobro de Riteve y el garrotazo fiscal	”
— José María Villalta Flores, diputado de Costa Rica

Luego de tomar las calles principales de la capital, los motorizados se desplazaron a la localidad de San Pedro de Montes de Oca, una zona muy concurrida vehicularmente, lo que causó un colapso vial.

Bananeros

Mientras tanto, al menos 500 obreros que laboran en las fincas de banano en la zona limítrofe entre Costa Rica y Panamá protestaron debido a los bajos salarios que la empresa les está pagando, denunciaron los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (SITEPP). Los trabajadores han pedido la intervención de la Defensoría de los Habitantes, órgano gubernamental responsable de velar por los derechos de los trabajadores en Costa Rica.

Imprenta Nacional

Los trabajadores de la Imprenta Nacional cumplieron su séptimo día de protestas. Las entidades gubernamentales, según los manifestantes, no se han acercado para negociar una salida al problema. El Gobierno declaró como "ilegal" el movimiento, sin embargo, los sindicatos que apoyan a los manifestantes informaron que es incorrecto pues el movimiento tiene más del 70% de aprobación de la plantilla laboral.

Vecinos

Los vecinos de la localidad de Puriscal, Mora y Santa Ana protestaron cerca de la casa de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda, por las tarifas del peaje de una carretera cerca de esas localidades.

La policía desplazó un grupo de antimotines para evitar que los manifestantes paralizaran el tránsito; sin embargo esto no ocurrió pues los vecinos solo realizaron un desfile de vehículos.

Ambientalistas

Al menos 300 ambientalistas tomaron la Plaza de la Cultura, en la capital de Costa Rica, y luego se trasladaron a los edificios del Poder Judicial, donde exigieron a la Sala Constitucional no intervenir en el conflicto legal contra una empresa minera canadiense, que se ventila en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

El conflicto viene ya desde hacia varios meses y está a punto de cumplir un año, se trata del caso Crucitas, una localidad de la zona norte del país con indicios de oro y la cual la empresa canadiense Infinito Gold S.A. pretende explotar en el país. En diciembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica declaró ilegales los decretos presidenciales que dieron luz verde a la explotación minera.

La empresa y el Gobierno apelaron la sentencia, la cual fue filtrada ilegalmente por parte de un magistrado del Poder Judicial, quien es acusado ahora de incumplimiento de deberes y divulgación de secretos. Posterior a una denuncia interpuesta por este caso, la empresa presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del proceso de revisión de sentencia que se lleva a cabo. Según los ambientalistas, esto es para retrasar la publicación del fallo y llevar el problema a tribunales internacionales.

Camino hacia la Corte, los asistentes hicieron una pequeña manifestación frente a las instalaciones de la "Fundación Arias para la Paz", fundada por el expresidente Óscar Arias Sánchez, quién firmó los decretos que dieron luz verde a la minería en Crucitas.

Los manifestantes gritaron durante varios minutos frente a las instalaciones, alegando que Arias es el brazo político detrás de la empresa minera.