El ayuntamiento español de Vic negará salud y educación a inmigrantes sin papeles

12 de enero de 2010

El municipio catalán de Vic, en España, ha decidido no empadronar a los inmigrantes que no tengan sus papeles en regla. Esta decisión, que ha originado una importante repercusión política y mediática, vulnera la Ley de Bases de Régimen Local de 1995 y deja a los inmigrantes indocumentados sin acceso a la educación ni la salud, exceptuándo a la atención de urgencia, a las mujeres embarazadas y a los menores de edad.

Las reacciones se están sucediendo incluso desde el propio gobierno. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, declaró que esta medida era ilegal. María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del país, manifestó que la decisión estaba "fuera de la ley", mientras que José Antonio Alonso, portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Congreso, llamó la atención sobre los derechos de los inmigrantes, incluso en el caso de que su estancia en España sea irregular.

En Cataluña, tanto la Generalitat de Catalunya como el partido político Convergència i Unió (CiU), han decidido no realizar declaraciones. Las directivas del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se desmarcaron de esta medida, a pesar de que fue aprobada con el apoyo de sus correligionarios en Vic.

Por su parte, desde el Partido Popular (PP), el presidente del grupo municipal de Badalona, Xavier Garcia Albiol, emitió un comunicado en el cual afirmó que en "ningún país serio" se equipara el acceso a la sanidad y la educación de los inmigrantes indocumentados y "los vecinos", afirmando que si se diera el caso de que su grupo ganara las elecciones, aplicaría la misma medida hacia los inmigrantes.

La organización de Derechos Humanos Movimiento contra la intolerancia pidió a la Fiscalía General del Estado que actúe de oficio contra esta decisión.

El diario barcelonés La Vanguardia, realizó una encuesta entre sus lectores. En ella, se desprende que el 92% de los 10.769 encuestados está a favor de la medida del municipio de Vic.

Fuentes