Colombia solicita a Venezuela aclarar presunta incursión armada en su territorio

25 de julio de 2015

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia envió una nota al Gobierno de Venezuela que le ayude a esclarecer si supuestos agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realizaron este jueves 23 una incursión armada en territorio colombiano, informaron hoy fuentes oficiales.

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, afirmó que con esta petición se busca que las autoridades venezolanas "colaboren en esta investigación para aclarar qué fue lo que pasó", reseñó la Agencia EFE.

Los hechos a investigar se refieren a una supuesta incursión armada que presuntos agentes de la Guardia venezolana habrían realizado en la mañana de este jueves en una zona rural del departamento colombiano de Norte de Santander.

Campesinos del lugar dijeron que "los supuestos militares vestidos con camuflados verdes, 2 de ellos ocultando sus rostros con capuchas, requisaron la residencia de una mujer y robaron dinero de la Junta de Acción Comunal", explicó en su momento la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Según las denuncias de los locales, al menos 15 hombres "retuvieron irregularmente a un joven de 18 años, a quien previamente lanzaron al suelo y le hicieron un disparo cerca de la cabeza, lo mismo que a uno de 28". Y que intentaron aprehenderlos por supuestamente haberse fugado con gasolina y ACPM de contrabando.

Además, "los hombres armados habrían interrogado a los habitantes de la vivienda, a quienes acusaban de guerrilleros y les preguntaban sobre la presencia de grupos criminales". Y que también ingresaron arbitrariamente a varias casas, sacando a los campesinos. La denuncia fue hecha formalmente por la Personería del municipio de Tibú (Norte de Santander)

La Defensoría añadió que informaciones recogidas en la zona apuntan que los incursionistas "intentaron llevarse del país a los 2 hombres, algo que fue impedido por la comunidad".

Pedimos a la Defensoría del Pueblo realizar las averiguaciones necesarias a fin de determinar la veracidad de las denuncias y establecer mecanismos de cooperación para garantizar los derechos de quienes viven en la zona limítrofe.

— Pedido de la Cancillería a la Defensoría del Pueblo.

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