El parlamento francés declara el estado de emergencia hasta febrero

17 de noviembre de 2005

El Parlamento de Francia aprobó una ley que extiende el estado de emergencia decretado el pasado 8 de noviembre por el presidente Jacques Chirac por un periodo de tres meses, aunque el Ejecutivo está autorizado a finalizar dicho estado antes si es necesario. El decreto, basado en un estatuto de 1955, podía durar un máximo de 12 días, tiempo después del cual el Parlamento debía votar por una prórroga.

El estado de emergencia les permite a las autoridades locales prohibir encuentros públicos y regular la libre locomoción de sus habitantes, incluyendo medidas como el toque de queda. Además, en ciertas zonas especificadas por el Ejecutivo, donde los disturbios se presentaron, las autoridades locales pueden cerrar bares y otros sitios de encuentros, decomisar armas de fuego y autorizar búsquedas dentro de las habitaciones durante el día o la noche con una orden administrativa (normalmente, los allanamientos durante investigaciones criminales formales deben ser autorizados por un juez). El Gobierno dijo que no empleará el poder de regular los medios y que los allanamientos estarán sujetos a la supervisión del poder judicial.

La ley fue defendida por Nicolas Sarkozy, ministro del Interior, quien se dirigió ante la Asamblea Nacional (que aprobó el texto el martes 15) y el Senado (que hizo lo propio el miércoles 16). Sarkozy defendió las acciones del Gobierno y explicó por qué, en su opinión, la ley debía ser aprobada. Como el ministro es el jefe de la UMP, partido que ostenta la mayoría en ambas cámaras, era bastante seguro que la ley sería aprobada.

Sarkozy agregó que en los próximos meses, las CRS (división antidisturbios de la Policía) y la gendarmería móvil operarían a diario en suburbios difíciles. Fuera de eso, sostuvo que la "policía de proximidad" establecida por los anteriores gobiernos de izquierda estaba demasiado preocupada de las actividades sociales como para arrestar delincuentes, y añadió que algunos de los disturbios fueron orquestados por narcotraficantes, gángsters y otros criminales para quedarse con zonas fuera del dominio de la ley.

El Partido Socialista se opuso a la ley afirmando que era excesiva. Algunos miembros de izquierda del Parlamento sostuvieron que emplear una ley aprobada en 1955 para aplastar los movimientos independentistas de Argelia contra hijos de inmigrantes argelinos era bastante insensible y propusieron, sin éxito, una enmienda para revocar la ley de 1955. Por otro lado, el político derechista y anti-inmigración Philippe de Villiers dijo que el Gobierno había sido muy indulgente y pidió el uso de la fuerza militar. Jean-Marie Le Pen, uno de los mayores y más persistentes opositores de la inmigración proveniente de los países musulmanes pobres, señaló que los eventos justificaban lo que él había estado diciendo.

Algunos miembros de la UMP de Sarkozy culparon a la poligamia de facto, practicada por algunos inmigrantes africanos, del fracaso de sus familias por criar y educar a sus hijos apropiadamente, y sugirieron un enfoque más restrictivo a la inmigración.

Sarkozy es uno de los posibles candidatos a las elecciones presidenciales del próximo año. Según las encuestas, su nivel de aprobación subió 11 puntos y alcanzó el 63% durante las revueltas, con lo que lidera dichos sondeos de opinión.

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Fuentes