Exdirector del DAS decide manifestarse en 'rebeldía judicial' por su condena en prisión


Bogotá, Colombia
30 de septiembre de 2011

A raíz de su reciente condena a 25 años de prisión por sus nexos con grupos paramilitares, el otrora director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera Cotes, se declara en “rebeldía judicial“, asegurando de que no responderá más ante las autoridades judiciales de ese país por los otros procesos que le siguen, según una carta que él mismo envió a la Fiscal General, Viviane Morales y a la Corte Suprema de Justicia, publicada luego en la página oficial del expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

El documento explica, en palabras de Noguera, que está siendo perseguido por sus acciones en los procesos relacionados con el Escándalo de las chuzadas y, por lo demás, su condena no hará ponerse en contra de Uribe, del cual “indebidamente” le pedirán cuentas:

No pediré prueba alguna, ni alegaré, ni me defenderé de ninguna manera. Desde ya, revoco los poderes que les haya otorgado a abogados en éstos y en cualesquiera otros procesos que se tramiten y rechazo la designación de cualquier abogado defensor.

— Extracto de la carta de Jorge Noriega Cotes

Aunque la Fiscalía no ha pronunciado palabra alguna sobre este asunto, el director nacional de las dependencias de esta entidad, Néstor Armando Novoa, explica que “los procesos no se detienen porque se le juzga como persona ausente. Se le pide a la Defensoría Pública que le nombre un abogado de oficio y los casos continúan. Además, en Colombia hay un derecho constitucional por el cual las personas tienen derecho a guardar silencio”.

El magistrado de la Corte, Alfredo Gómez Quintero, mostró su rechazo a ese documento argumentando de que el funcionario “tuvo todas las garantías” y, de paso, desmintió algunas aseveraciones:

La Corte lo absolvió por dos delitos, homicidio y abuso de autoridad, por los que fácilmente habría sido condenado a 40 años. Sin embargo, se consideró que no había pruebas que demostraran esos delitos. Ademas, se ha podido separar los temas judiciales de los temas personales, aunque el país es conciente de todos los atropellos contra la corporación, especialmente contra la Sala Penal. Eso se demuestra en que desde el principio nos declaramos impedidos para conocer el caso de Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado.
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