Juez vincula a proceso a ex fiscal mexicano por caso Ayotzinapa

25 de agosto de 2022

El juez Marco Antonio Tapia Fuertes confirmó en una audiencia este miércoles 24 la vinculación a proceso penal acusado de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia y con ello continuar por 90 días más la prisión preventiva para Jesús Murillo Karam, exfiscal de México y responsable de la llamada «verdad histórica». Murillo, de 74 años, se mostró molesto ante el fallo y defendió su trabajo.

El ex fiscal Murillo Karam en 2012.

El acusado dijo al juez que la «verdad histórica» era correcta, que aunque tenía fallos y aspectos a mejorar, "es lo mejor que se ha hecho", dijo. Su defensa legal pidió al juez desestimar los argumentos presentados por la actual fiscalía mexicana al considerar que no han presentado prueba directa alguna de los delitos que se le acusan. El juez Tapia pidió a la defensa del acusado moderar su tono y actuación al considerar que en su exposición había extralimitaciones.

Por otro lado, los argumentos para que Murillo Karam pueda dejar la cárcel y seguir el proceso en arresto domiciliario incluyeron una exposición sobre la vida hogareña del acusado, que vive de sus rentas así como que quiere mucho a sus mascotas. El juez Tapia desestimó estos argumentos expuestos en un dictamen por el abogado Cuauhtémoc González de la Vega, al considerar que existe un conflicto de interés del defensor con Murillo Karam.

Murillo puede acogerse a criterio de oportunidad: presidente AMLO

Al ser preguntado por el tema en su conferencia mañanera sobre el caso la mañana del 24 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Murillo Karam a pesar de haber «inventado» la así llamada «verdad histórica» podría acogerse a la figura llamada «criterio de oportunidad», una figura legal que puede convertir a un acusado en testigo protegido en caso de que tenga información valiosa para un caso.

«Si dicen que no es nada más Murillo Karam, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial, todos los acusados tienen derecho a la defensa. Y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos, tienen que probar y los jueces tienen que decidir (...) Sí, todos, inclusive sin acogerse, este es un asunto de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente, pues tiene que hablar», dijo el presidente.

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