Jurisconsultos defienden penas alternativas a la prisión en Brasil
Los brasileños necesitan repensar el encarcelamiento como la única respuesta del Estado a la criminalidad. Fue lo que defendieron, el martes (21), los jurisconsultos que participaron en la 22.ª Conferencia Brasileña de Abogados, que se celebra en Río de Janeiro hasta el viernes (24).
22 de octubre de 2014
Renato de Vitto, director general del Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN), vinculado al Ministerio de Justicia, advirtió que “el país necesita adoptar políticas alternativas penales para no llegar a 1 millón de presos”. En lugar de cárceles, él sugiere acciones preventivas.
Según el Depen, Brasil ya cuenta con la cuarta mayor población carcelaria del mundo, con más de 581 mil detenidos, solo por detrás de Estados Unidos, con más de 2 millones; de China, con más de 1,7 millones; y de Rusia, con más de 674 mil presos el año pasado. La tasa de ocupación de las prisiones brasileñas el año pasado llegó al 164%, con un déficit de más de 216 mil plazas.
La coordinadora general del Foro de Consejos Penitenciarios, Maíra Fernandes, dijo que la población carcelaria de Brasil se elevaría a 711 mil si fueran contabilizados los reclusos en arresto domiciliario; y a más de un millón si fueran cumplidas las órdenes de prisión ya emitidas por la Justicia. “La sociedad solo se preocupa por este tema cuando se produce una tragedia [en las cárceles] con impacto mediático. Esto tiene que cambiar”, advirtió.
La coordinadora criticó las propuestas para acabar con el sistema progresivo, que permite el cambio del régimen cerrado al semiabierto o abierto dependiendo de la sentencia y del comportamiento del preso. Según Fernandes, hay una idea equivocada de que la mayoría de los reclusos cometió delitos graves, cuando ellos corresponden a solo 64 mil presos en todo el sistema. Alrededor del 77 mil están detenidos por robos simples y calificados, los cuales Fernandes considera que no necesitan ser castigados con penas de prisión.
Entre los temas urgentes, Fernandes mencionó la situación de los condenados a hasta cuatro años de prisión, que corresponden al 10% de los detenidos; y el caso de las prisiones por la Ley de Drogas, que alcanzan el 26% del total de arrestos: “Hay un gran número de usuarios detenidos debido a que no está definida la cantidad de droga que caracteriza el tráfico. Es una decisión del policía y, después que se lo tipifica como tráfico en la comisaría, es muy difícil que la defensa logre revertirlo”, explicó. La coordinadora cree que hay una discriminación social en la definición del usuario y del traficante, lo que hace que los residentes de periferias y favelas sean más criminalizados.
El supervisor del Sistema de Ejecución de Medidas Socioeducativas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), Guilherme Calmon, destacó como avances recientes los grupos de trabajo para análisis de los casos, que liberaron a 42 mil presos en situación irregular, y el Foro Nacional sobre Alternativas Penales, creado este año para el intercambio de experiencias entre magistrados.
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Fuente
- Vinícius Lisboa; Edición: José Romildo y Augusto Queiroz; Traducción: Leonardo Vieira “Jurisconsultos defienden penas alternativas a la prisión” — Agência Brasil, 22 de octubre de 2014.
La versión original del artículo, o partes de él, han sido extraídas de Agência Brasil.
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